miércoles, 10 de febrero de 2010

Inspector de la suprema acusa a fiscales adjunto San Cristóbal


La Parada

Tomado de Diario Libre
El Departamento de Inspectoría Judicial de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) determinó que no hay evidencias suficientes para señalar que la jueza de instrucción de San Cristóbal, Regina Carvajal de Vizcaíno, haya cometido irregularidades en sus funciones como la acusó públicamente del senador de esa provincia, Tommy Galán.

La denuncia contra la jueza surgió a raíz de que emitiera varias sentencias cambiando la prisión preventiva por garantía económica a varios acusados de drogas y asesinato, como fue el caso de Pedro Alejandro Castillo Paniagua (Quirinito).

En un informe que rindió el Departamento de Inspectoría, se establece que la denuncia contra la magistrada se basa en que el Ministerio Público no está cumpliendo su rol y que para quedar bien ante sus superiores "acuden a la artimaña" de echarle la culpa al juez.

Esto, indica el documento, "con la intención de cubrir su incapacidad en algunos casos y en otros, para que no se descubra el grado de complicidad que tienen cuando sin reparo alguno se atreven a negociar abiertamente con los imputados directamente o por intermedio de sus abogados".

Indica, además, que "en los casos de los Procuradores Fiscales Adjuntos, asignados por la Fiscalía para que lleven los casos de drogas, es un secreto a voces y comprobable en los expedientes que instrumentan a los imputados, que se hacen cómplices de los delincuentes, porque disimulan tan poco, que varias veces los han visto reunidos con familiares y abogados de imputados, en lugares estratégicos, propios de personas que están actuando al margen de lo que debe ser su misión".

El informe firmado por el inspector judicial Mártires Familia Aquino, indica que el Ministerio Público de San Cristóbal no tiene calidad moral para acusar a la magistrada Carvajal Vizcaíno de cometer actos de corrupción, "porque quienes sí están altamente cuestionados son algunos de ellos".

Cita entre otros casos, uno en que un imputado le reclamó al fiscal actuante la propiedad de un anillo, en plena audiencia.

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